El eurodiputado navarro del PP y candidato popular a las elecciones europeas, Pablo Zalba, y la portavoz de Educación del PPN en el Parlamento de Navarra, Amaya Zarranz, han visitado la sede del CORMIN, donde se han reunido con su presidente, Javier Miranda; la vicepresidenta, María Luz Sanz y el secretario de la organización, Valentín Fortún. 

 

El presidente de la organización navarra, Javier Miranda, que ha señalado que “la educación inclusiva es fundamental”, ha entregado a Zalba un manifiesto sobre compromisos electorales en materia de inclusión y derechos de las personas con discapacidad para los programas de las distintas formaciones políticas, de cara a las elecciones europeas de este próximo domingo.

 

En este manifiesto, se recoge la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo y en condiciones de igualdad de oportunidades del derecho de sufragio de las personas con discapacidad, así como la incorporación representativa de personas con discapacidad, con equilibrio entre mujeres y hombres, a las listas electorales al Parlamento Europeo, en puestos de salida, que aseguren su elección y su presencia en el mismo.

 

Asimismo, exige la creación de una Comisión de Igualdad de las Personas con Discapacidad en el Parlamento Europeo, el mantenimiento de la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea bajo la responsabilidad directa de una de las vicepresidencias de la Comisión Europea, la creación de una Dirección específica sobre Discapacidad y el establecimiento de una cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad en las oposiciones y otros procesos de selección de personal establecidos por las instituciones europeas, incluidas las estancias en prácticas.

 

Además, pide la suscripción por parte de las formaciones políticas del Contrato Europa Inclusión 2020, en virtud del cual asumen el horizonte de 2020 como límite temporal para que la Unión Europea sea un área en la que la inclusión en la comunidad, los derechos y el bienestar sean una realidad para los más de 80 millones de personas con discapacidad que hay en el continente. 

 

El CERMI también solicita el establecimiento de la obligatoriedad de hacer informes previos de evaluación del impacto de cualquier norma o plan comunitario, con perspectiva de género, para determinar de antemano su efecto sobre las personas con discapacidad y sus familias, así como la inclusión de las organizaciones representativas de la discapacidad en todos los órganos de participación y consulta de la UE que traten cuestiones de interés, directo o indirecto, para la discapacidad.

 

En esta línea, exige la puesta en práctica en el primer año del nuevo mandato del Parlamento de un Plan de Choque de la UE contra la pobreza y la exclusión sociales, un compromiso real y efectivo por parte de las Instituciones Europeas de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad y viceversa, así como la aprobación de una Directiva en materia de lucha contra la violencia de género, que incluya la perspectiva de la discapacidad.

 

También pide un compromiso real y efectivo de apoyo a los niños y niñas con discapacidad como elemento transversal en todas las políticas europeas relacionadas con la infancia y una propuesta de medidas de apoyo a favor de las familias de personas con discapacidad en las políticas competencia de la UE, teniendo en especial consideración el sobrecoste económico de la discapacidad para las familias.

 

En cuanto a accesibilidad, considera necesaria la promoción de la accesibilidad universal en las sedes de las instituciones europeas y páginas de internet y demás canales digitales institucionales, así como en las campañas oficiales y actos públicos que estas organicen.

 

Sobre educación, el CERMI demanda la garantía europea para establecer una educación inclusiva y de calidad para cada país en todas las etapas educativas, garantizando la dotación adecuada y suficiente de los recursos de apoyo que cada persona precise de acuerdo con su realidad, así como el fomento del derecho a la igualdad de trato en materia de empleo en las políticas de la Unión Europea y el impulso de medidas de fomento del empleo con apoyo de las personas con discapacidad.

 

El CORMIN es el agente social de la discapacidad en Navarra. Actualmente está constituido por 11 asociaciones y 2 federaciones del sector. La base social representada en la entidad está compuesta por las 45.000 personas con discapacidad de Navarra y por sus familias.